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NICARAGUA
Nicaragua: Violencia hacia la mujer está institucionalizada
Carmen Herrera
21/11/2013
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Se cumple cuota de 50% de mujeres en cargos públicos, pero no tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

El Índice sobre Brecha de Género 2013, publicado el 25 de octubre por el Foro Económico Mundial (WEF), posicionó a Nicaragua en el lugar número 10 en el mundo en cuanto a igualdad de género en medio de la crítica del movimiento de mujeres, quienes expresaron públicamente que las mujeres en el país viven enfrentadas a una doble moral.

Si bien hay presencia equitativa de mujeres en las instituciones gubernamentales, en los poderes del Estado y en las alcaldías, señalan las feministas, el problema son las políticas públicas del gobierno del presidente Daniel Ortega, como la penalización del aborto terapéutico, a lo que se suma la declaración de inconstitucionalidad en setiembre pasado por la Corte Suprema de Justicia del artículo 46 de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), que prohibía la mediación entre la mujer y su agresor.

Quienes defendieron la reforma basaron su punto de vista en la preservación de la unidad familiar y en el principio de oportunidad, que evita que los  delitos menos graves lleguen a juicio.

 De acuerdo a la reforma,  la mediación será admitida para resolver los casos de violencia leves, “como violencia doméstica o intrafamiliar, si se provocan lesiones leves”, y sólo se considerará procedente y válida, si el agresor no es reincidente y previa verificación de la libre voluntad de la mujer agredida para mediar.

Sin embargo,  las mujeres organizadas aseguran que tienen pruebas de que en las Comisarías de la Policía y los juzgados se está obligando a las mujeres a mediar con su agresor.

Entre enero y octubre, la organización Católicas por el Derecho a Decidir, registra 67 feminicidios en su observatorio y Medicina Legal reconoce oficialmente 2,902 casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

“El discurso oficial de la inclusión de la mujer como sujeta de derechos es una mentira”, expresó a Noticias Aliadas, Patricia Orozco, coordinadora regional de la Confluencia Feminista Mesoamericana (PETATERAS). “Creemos que esto es parte de una violencia institucional, que es cuando la autoridad no actúa en consecuencia de tus derechos”.

 “Podemos hablar de violencia institucional cuando no se aplica la Ley 779, violencia institucional cuando hay una ley que reconoce que se debe financiar un Banco de Tierras para las mujeres, pero no hay tal fondo; cuando se abre el Banco Produzcamos para generar financiamiento a productores y este no está dirigido a las mujeres; violencia institucional porque la tierra sigue estando mayoritariamente en manos de los hombres y no de ellas; violencia institucional porque el aborto sigue penalizado y no se reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas; violencia institucional porque las mujeres no tienen empleos y su única salida es trabajar en la maquila, donde viven violencia sexual y no les permiten organizarse”, agrega.

No hay conciencia de género
Las políticas inclusivas del gobierno, dirigidas hacia las mujeres en términos cuantitativos —por los cuales el país ocupó el décimo lugar en el índice del WEF— se basan en ceder el 50% a las mujeres en los espacios públicos. Los lugares que ocupan las mujeres se cumplen en la mayoría de los casos. Sin embargo, esta condición, según las feministas, no garantiza que las mujeres en los puestos de poder respondan con conciencia de género, sino más bien aplican las líneas del modelo de país que la presidencia decide.

“Las decisiones de estas mujeres están respondiendo a las líneas que les bajan desde la presidencia y eso no quiere decir que haya igualdad de género”, expresa Orozco.

En Nicaragua, el movimiento de mujeres aglutina a más de 105 organizaciones y está reconocido como el único movimiento social beligerante que ha sobrevivido de manera autónoma a la crisis de las organizaciones sociales en el país, que en su mayoría se ha desarticulado al plegarse al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde su retorno al poder en el 2007. Asociaciones de productores, de campesinos, sindicatos y algunas organizaciones de mujeres afines al sandinismo, entre otras, se aliaron con el gobierno del FSLN y sus agendas fueron cooptadas y cedidas a instancias gubernamentales que desarrollan las acciones que en otro momento fueron impulsadas por  éstas organizaciones sociales.

En la actualidad, las tareas desarrolladas por la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), la Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza (AMLAE) y la Central Sandinista de Trabajadores (CST), de clara tendencia sandinista,  han sido sustituidas en los territorios para desarrollar tareas comunitarias que supuestamente reivindican los derechos de las poblaciones metas de estas organizaciones por las instancias creadas por el Ejecutivo como fueron los Consejos del Poder Ciudadano (participación ciudadana) creados en el 2007 (durante el mandato sandinista del 2006-2011) y  los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida  creados en febrero pasado para promover el bien común, la solidaridad, el cristianismo y la convivencia pacífica entre las familias de una comunidad, que tienen respaldo legal ya que fueron incluidos en el Código de la Familia por el actual gobierno.

Esta situación de vacío coloca al movimiento de mujeres como las voceras autónomas de lo que realmente viven las mujeres en el país dentro de las condiciones de control que ejerce el gobierno, que por un lado tiene como discurso la reivindicación de los derechos de las mujeres al aprobar en setiembre del 2012 la Ley 779, pero por otro lado hace eco de lo que las afecta como es el tema de la mediación entre la mujer y su agresor, medida considerada por las feministas como el elemento decisivo para promover aún más los feminicidios.

Esta opción condena a las mujeres a una muerte segura, pues aunque la legislación expresa que esta medida es voluntaria, en las Comisarías de la Policía y en los juzgados están obligando a las mujeres a mediar, aseguran.

“Que existiera una ley implicaba un gran paso para las organizaciones de mujeres, pero no corrimos largo. Al poco tiempo hubo una presión de algunos sectores que se sintieron ofendidos y que se movilizaron alrededor de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el artículo 46 de la Ley 779. ¿Quiénes estaban detrás de esa movilización? Eso nunca lo vamos a saber, pero es obvio que el gobierno no quiere asumir ninguna responsabilidad ante la vida y la salud de las mujeres de este país. La mediación abre la puerta para que las mujeres sean asesinadas; una se encuentra que 67 mujeres mediaron [con su agresor] en su hogar y fueron a mediar en las comisarías, y aun así fueron asesinadas”, declaró a Noticias Aliadas, Magaly Quintanilla, activista de Católicas por el Derecho a Decidir.

Obligando a mediar con sus agresores
 “La mediación busca ocultar la violencia sicológica. Alegan que un grito, una mala mirada, un gesto no provoca violencia; se dice que se va a proceder cuando sea la primera vez que ocurre, cuando en la práctica sabemos que una mujer cuando decide denunciar es porque ha vivido varios tipos de violencia. Para una mujer es difícil no mediar con su agresor, ya que pesan sobre ella conceptos de familia y principios religiosos que le dicen que hizo un pacto con su pareja ‘hasta que la muerte los separe’. Muchas mujeres ven como normal que su pareja las agreda”, reflexiona Orozco.

Según denunció Orozco durante un reciente foro de mujeres, una concejala del municipio de Rosita, ubicado a más de 300 km al noreste de Managua, presentó evidencias con fotos de mujeres golpeadas que las están forzando a mediar con sus agresores en las comisarías y juzgados de ese municipio.

De cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) lanzó en Nicaragua y en otros países de América Latina la campaña “Por un Estado que cumpla con los derechos de las mujeres. Ya es hora, es tiempo”.

En el caso de Nicaragua, la representante de CLADEM, Virginia Meneses, en conferencia de prensa expresó que “es lamentable que el Estado de Nicaragua haya reformado la Ley 779 en el tema de la mediación. Esta actitud obedece a un régimen machista. El Estado de Nicaragua es garante de los derechos humanos de las mujeres y no está garantizando la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Como CLADEM, acompañamos a Amnistía Internacional que se hizo presente para denunciar este hecho sobre el incumplimiento de Nicaragua a las convenciones sobre los derechos de las mujeres que ha suscrito”.

Además, el movimiento de mujeres se propone movilizarse para denunciar que el discurso oficial quiere equiparar a las mujeres con la condición de familia, recreando así una cultura en la que las mujeres se están olvidando de ellas mismas para estar en función de servirle a los demás.

Los programas que ejecuta el gobierno como Hambre Cero (cobertura de necesidades alimenticias), Usura Cero (concesión de microcréditos) o titulación de tierras, por ejemplo, si bien son puestos a nombre de las mujeres, son promovidos como reivindicaciones de la familia y la mujer actúa como la garante de su ejecución y no para lograr su autonomía social y económica.

“Esta visión familista del gobierno, aunada al discurso que recibimos en la familia y en la Iglesia hace perderse a las mujeres, pues te dice que no existes como persona y eso es profundamente antidemocrático y anticiudadanía porque no te permite ubicarte como sujeta de derecho, sino como una mujer que está en función de los derechos de los demás”, concluye Orozco.
—Noticias Aliadas.


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Mujeres organizadas señalan que mediación con agresor condena a las mujeres a una muerte segura. (Foto: El Nuevo Diario)
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