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PERÚ
Las Bambas, la madre de todos los conflictos mineros
Noticias Aliadas
08/05/2018
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Decisión del gobierno de no someter proyecto a consulta previa y de declarar estados de emergencia genera malestar en comunidades indígenas.

A marzo del 2018 la Defensoría del Pueblo tenía registrados 188 conflictos sociales en el Perú, de los cuales 64.8% tienen que ver con la minería. Uno de esos conflictos corresponde al proyecto minero Las Bambas, ubicado en las provincias de Cotabambas y Grau, en el departamento surandino de Apurímac.

Las Bambas es el proyecto cuprífero más importante del país, actualmente perteneciente al consorcio chino MMG Limited. En el 2004, la empresa suiza Xstrata Copper adquirió el derecho para explorar Las Bambas a través de una licitación pública internacional, pero recién en el 2010 se realizó la audiencia pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se firmó el contrato de transferencia de titularidad de la concesión de Las Bambas con el Estado, con una inversión de US$4.2 millardos. La producción, que se inició en el 2016, está prevista en más de 400,000 TM de cobre.

Uno de los puntos incluidos en el EIA era la construcción de un mineroducto para transportar el mineral extraído desde Las Bambas hasta la vecina provincia de Espinar, en Cusco. Sin embargo, en el 2013 la empresa australiana Glencore adquirió Xtrata, convirtiéndose en propietaria de Las Bambas, y un año después Glencore vendió el proyecto minero al consorcio chino MMG Limited por $7 millardos.

Según Convoca, portal de periodismo de investigación, “por la transacción la compañía pagó al Estado un impuesto a la renta por debajo de las expectativas”.

La investigación global Paradise Papers —13.4 millones de documentos relativos a inversiones realizadas a través de paraísos fiscales filtrados en noviembre del 2017—, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) del que forma parte Convoca, reveló que $2.7 millardos de esa transacción “se movieron en un complejo esquema tributario que incluyó ‘préstamos intragrupo’, una práctica de las grandes empresas para eludir obligaciones tributarias”.

En esos dos años, Glencore aseguró haber invertido $3 millardos, pero según el cronograma de inversión actualizado al 2015 solo había invertido poco más de $1.7 millardos, precisó Convoca. Sin embargo, Glencore recibió $7 millardos de MMG Limited “para traspasar Las Bambas y sus activos mediante una operación que fue calificada ‘la más grande en la historia del Perú’, bajo el supuesto de que generaría dinero al país”. Finalmente, Glencore, utilizando una serie de mecanismos para reducir sus ganancias, solo pagó $580 millones al fisco, mucho menos de lo que se preveía, a lo cual se sumó que el gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) no especificó los montos a destinar a la región de Apurímac por concepto de canon minero.

En medio de esos vaivenes, MMG Limited presentó en el 2014 una modificación del EIA para permitir el transporte de cobre por carretera, eliminando el mineroducto. La población rechazó ese cambio lo cual generó un conflicto que hasta ahora persiste y que significó la muerte de cuatro personas en setiembre del 2015.

José de Echave, responsable del programa Derechos Colectivos y Actividades Extractivas de CooperAcción, organización no gubernamental que trabaja en la promoción de alternativas de desarrollo al extractivismo, señaló en un artículo publicado el 22 de enero por el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú que los temas de preocupación de la población “tienen que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos logrados en los diferentes procesos de diálogo implementados en la zona y que generaron un conjunto de obligaciones del Estado y que en gran medida no se han cumplido. Todo ello ha ido creando un clima de malestar que se ha expresado en varios momentos en los últimos años”.

De Echave subrayó que “en este caso no estamos hablando de un conflicto en el que la población se opone al proyecto minero. Incluso se puede afirmar que en la zona siempre se ha percibido al proyecto minero como una oportunidad para la provincia de Cotabambas”.

“Las Bambas pone en evidencia los problemas que comienzan a generar las normas de promoción de la inversión que en los últimos años han recortado estándares ambientales y han debilitado la institucionalidad ambiental”, agregó.

Estados de emergencia
De hecho, desde el 2013 el  proyecto Las Bambas ha sido modificado en al menos cinco ocasiones, tres de ellas utilizando procedimientos aprobados por el gobierno de Humala que, con el objetivo de promover las inversiones, reducen los estándares ambientales y “permiten aprobar los proyectos de manera expeditiva en 15 días y sin mecanismos de participación ciudadana”, indicó De Echave.

También ha causado malestar entre las comunidades la declaración de sucesivos estados de emergencia desde agosto del año pasado (el más reciente el 12 de abril), en el corredor minero Apurímac-Cusco-Arequipa —que abarca las operaciones de Las Bambas así como de las minas Constancia y Antapaccay (Cusco) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa)—, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión y tránsito en el territorio.

La medida es considerada “inexplicable” por el Observatorio de Conflictos Mineros, porque ya se cumplieron 240 días sin derechos constitucionales y al no haberse registrado protestas en ese tiempo, “atiza una sensación de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la población viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tránsito pesado en la vía”.

Parte del problema en los conflictos sociales es la aplicación de la consulta previa a pueblos indígenas que está en vigencia en el Perú desde el 2011. Sin embargo, a partir del 2013 experimentó grandes retrocesos luego que el gobierno exonerara temporalmente de este mecanismo a 14 proyectos mineros ubicados en la costa y sierra del Perú que se encontraban en fase de exploración, señalando como justificación la caída de los precios de los metales y desaceleración del crecimiento económico de China y Europa.

La fase de explotación del proyecto Las Bambas nunca fue sometida a proceso de consulta previa. El 29 de setiembre del 2015, luego de autorizar la explotación del proyecto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) decidió que no sería consultado. El argumento que se utilizó es que las comunidades indígenas afectadas no están georreferenciadas.

“Se ha identificado en los distritos de Coyllurqui, Tambobamba, Chalhuahuacho y Progreso, provincia de Cotabambas y Grau, del departamento de Apurímac, a varias comunidades identificadas referencialmente como organizaciones indígenas, sin que la totalidad de las mismas se encuentren georreferenciadas; apreciándose además que las que se encuentran georreferenciadas se ubican fuera del área del proyecto minero materia de la presente autorización de inicio de actividades de explotación”,  dice el informe 114-2015-MEM-DGM/DTP/PM, emitido por la Dirección General de Minería.

La Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, en su informe 008-2016-DP/AMASPPI.MA titulado “Análisis de las modificaciones efectuadas al proyecto minero Las Bambas”, publicado en diciembre del 2016, precisa que al menos 13 de las 48 comunidades campesinas afectadas por el proyecto son de origen quechua, según la base de datos del Ministerio de Cultura, y por lo tanto deben ser consultadas de acuerdo con las obligaciones derivadas del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano en 1993, y de la Ley 29785 de Derecho a la Consulta Previa.

Sin estrategia para abordar conflictividad social
En entrevista publicada el 20 de abril por el portal periodístico Gran Angular, Paulina Garzón, directora de Iniciativa para las Inversiones Sustentables entre China y América Latina (IISCAL) afirmó que MMG Limited necesita los estados de emergencia para poder operar.

“Las Bambas es un proyecto que tiene muchísimos problemas, y el hecho de que haya operado bajo estados de emergencia por más de ocho meses refleja que está operando en una situación de ilegalidad. Los estados de emergencia son  medidas de excepción, no son medidas permanentes”, dijo.

Garzón coincide con De Echave en que Las Bambas “es un proyecto al que la gente no se opone. Las comunidades locales han pedido buenos estándares ambientales y que se respeten sus derechos, un buen comportamiento de la compañía y también recibir los beneficios de la actividad económica que se realiza dentro de su territorio”.

Sin embargo, agregó, “ha habido varios problemas, por ejemplo la empresa ha hecho varios cambios, uno principal es el método para transportar los minerales. En vez de tener un mineroducto, que fue planteado en el estudio de impacto ambiental, ahora los metales son transportados en camiones por carretera, lo que significa un tráfico muy intenso y permanente de camiones pesados que producen muchos problemas ambientales, afecciones a la salud, a las actividades económicas y agrícolas de las comunidades”.

A esto se suma la falta de interés de la empresa en negociar. “En vez de hablar sobre estos problemas con las comunidades, mediante diálogos multiactores o en las mesas de diálogo, su política es negociar comunidad por comunidad. Esto es una bomba de tiempo, sin un diálogo con reglas y con todos los actores, no hay una solución de largo plazo. Medidas ad hoc, bajo presión, y que no son producto de una negociación y de un diálogo abierto, no tienen futuro”.

De acuerdo con el reportaje de Gran Angular, “Perú: La consulta previa en el sector extractivo sigue sin respetar los derechos indígenas”, publicado el 25 de abril, la consulta previa “se ha convertido en una formalidad para obtener u otorgar la autorización de inicio del proyecto de inversión”.

“Desde el 2013 se han realizado 38 procesos de consulta previa: cuatro consultas nacionales, 13 en hidrocarburos, 12 en minería, uno en energía, uno en hidrovías (por mandato judicial) y siete en áreas naturales protegidas. Es decir, se han promovido 25 consultas alrededor de proyectos extractivos y solo cuatro consultas nacionales”, precisan Magaly Zevallos y Shia Inguil, de Gran Angular.

En el caso específico de la minería, de los 12 procesos realizados, solo tres llegaron a la etapa final del diálogo. A ello se suma el poco interés de las autoridades de titular los territorios indígenas porque eso significaría reconocer la existencia de esas comunidades y sus derechos.

El caso de Las Bambas “muestra una vez más la ausencia de una verdadera estrategia desde el Estado para abordar la conflictividad social en las zonas de influencia de actividades extractivas. Igualmente, se constata las limitaciones que han tenido los procesos de diálogo que se han venido implementando en los últimos años, sin que se puedan generar verdaderos consensos y procesos que respeten los tiempos de la población local, el diálogo intercultural, etc.”, manifestó De Echave.

“Un proyecto como el de Las Bambas debería ser una prioridad para nuestras autoridades que deberían hacer todos los esfuerzos para encontrar puntos de entendimiento con los actores locales, más aún cuando en este caso —insistimos— la gente no se opone al proyecto”, agregó. “El Estado sigue sin cumplir con sus funciones no solo por la falta de voluntad política, sino también por su propia debilidad estructural, la carencia de competencia, capacidades y herramientas”. —Noticias Aliadas.


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A poca distancia de la mina Las Bambas, comunidades indígenas se dedican a la agricultura y cría de animales. /Convoca
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